Cómo el movimiento #MeToo está cambiando la educación sexual en las escuelas

(E+/Getty Images)

La Junta de Educación de California actualizó su marco estatal en mayo para enseñar educación sexual integral que priorice la precisión médica y la sensibilidad hacia las diversas sexualidades.

En Virginia, una medida promulgada en marzo requiere que la educación sexual en la escuela incluya instrucción sobre tráfico de personas.

En Colorado, una ley aprobada esta primavera requiere que cualquier educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas del estado sea precisa desde el punto de vista médico, y, en una acción inusual, se derivó $1 millón para solventarla.

La temporada legislativa estatal de 2019 está produciendo una gran cosecha de proyectos de ley de educación sexual en el país, con al menos 79 iniciativas presentadas en las legislaturas de 32 estados y el Distrito de Columbia, según un informe reciente del Guttmacher Institute, una organización enfocada en la investigación de la educación sexual y reproductiva y de defensa de la salud. La mayoría de los proyectos de ley se han dirigido a expandir la educación juvenil en torno a una sexualidad y relaciones saludables, y a reducir el alcance de la filosofía de “solo abstinencia” que se había convertido en parte de muchas clases de educación sexual en las últimas cuatro décadas.

Pero no fueron solo los estados socialmente liberales los que reconsideraron el enfoque de la educación sexual este año. Varios estados conservadores dieron pasos hacia una educación sexual más amplia que, aunque no es tan abarcativa como la de California, representan cambios importantes que podrían conducir a políticas más completas en el futuro.

En Tennessee, por ejemplo, en donde los republicanos controlan el Senado, la Cámara de Representantes y la gobernación, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que alienta a las escuelas a brindar educación que hable sobre la concientización de la violencia sexual.

Y en Utah, en donde los republicanos tienen una mayoría a prueba de veto en ambas cámaras, el gobernador republicano firmó una ley que permite a los profesores hablar sobre la anticoncepción en las aulas de las escuelas públicas.

Los legisladores de Mississippi, Georgia y Arkansas también intentaron avanzar con proyectos de ley, aunque éstos no fueron aprobados.

El renovado interés en el tema fue impulsado en parte por cambios legislativos durante las elecciones de medio término de noviembre pasado, que pusieron en las bancas a más demócratas, y a más legisladoras; pero también por el movimiento #MeToo, que puso sobre el tapete temas como los ataques sexuales y el consentimiento en una relación sexual.

Aunque las mujeres ocupan menos del 30% de los escaños legislativos estatales, presentaron cinco de cada siete proyectos de ley estatales que actualizan los estándares de educación sexual que se promulgaron el año pasado, según un informe reciente del Center for American Progress, entidad de tendencia izquierdista. Las mujeres también presentaron más de la mitad de los proyectos de ley para modernizar la educación sexual en las sesiones de este año.

“Cuando tengas gente nueva y diferente, tendrás nuevas conversaciones y nuevas ideas”, dijo Elizabeth Nash, gerente principal de asuntos estatales en Guttmacher.

Los pájaros y las abejas evolucionan

Aunque las versiones de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos de los nuevos estándares de educación sexual también se han reintroducido este año, es poco probable que sean aprobadas, según Jennifer Driver, directora de políticas estatales del Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos, una organización que aboga por una educación sexual más integral.

Las decisiones sobre estas opciones en los currículos en las escuelas públicas están en gran medida determinadas por los estados. Según Guttmacher, 26 estados no requieren educación sexual, y solo 13 requieren que sea médicamente precisa.

Las actitudes sobre la educación sexual se han polarizado políticamente desde al menos la década de 1960, especialmente sobre si la abstinencia prematrimonial debe enseñarse como el estándar moral o como una de posibles estrategias para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Según el grupo de defensa SIECUS, desde la introducción de los programas de “solo abstinencia” en 1981, se han gastado más de $2 mil millones en impuestos para difundir esos programas, incluso cuando se han relacionado con un aumento o, en el mejor de los casos sin cambios, en las tasas de embarazos no deseados y ETS.

Pero un aumento en las discusiones públicas sobre el peligro de las relaciones poco saludables está cambiando el juego. Primero fue una serie de episodios muy publicitados sobre violencia en el noviazgo, seguidos de varios episodios de asalto sexual en los campus universitarios, y luego #MeToo, cuando se denunció a hombres poderosos por violencia sexual y acoso. Con cada ola de indignación, los legisladores estatales comenzaron a aprobar proyectos de ley que ordenaban una educación escolar centrada en relaciones saludables, si no en una sexualidad saludable.

“Eso ha puesto más energía en torno a un tema que ha faltado durante mucho tiempo en la educación sexual, que es el consentimiento”, dijo Nash.

Las charlas sobre el consentimiento en las aulas condujeron a conversaciones sobre el control del propio cuerpo y el derecho a información precisa y sin prejuicios sobre la salud y la sexualidad. Y esto ha llevado a los debates sobre educación sexual integral. “No es exactamente un círculo, pero éste es el camino en el que se ha movido el tema”, dijo Nash.

Cuando varias legislaturas estatales se movieron hacia la izquierda con las elecciones de 2018, las ruedas comenzaron a girar rápidamente.

Cambiando la conversación en los estados rojos

Dos semanas después de esas elecciones, Jaime Winfree decidió que Georgia necesitaba un proyecto de ley sobre educación sexual.

Winfree, directora de la Coalición de Georgia para el Avance de la Educación Sexual, estaba en una conferencia sobre derechos reproductivos cuando escuchó una presentación Jennifer Chou, abogada de la filial del Norte de California de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Chou detallaba la aprobación en 2015 de la Ley de Juventud Saludable de California, que exige que las escuelas brinden a los estudiantes de escuela media y secundaria una educación sexual integral que priorice la precisión médica y la sensibilidad ante los diversos valores y creencias sobre la sexualidad. Chou contó en la conferencia que el proyecto de ley fue el resultado de 20 años de cambio incremental.

“Casi me caigo de la silla”, recordó Winfree.

Si el proceso tomó 20 años en California, llevará 200 años en Georgia, pensó Winfree. Pero ambos estados tuvieron que comenzar en alguna parte. Winfree decidió que el primer paso de Georgia debería ser el mismo que el de California: aprobar el requisito de que cualquier educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas sea médicamente precisa.

Parecía una venta fácil, pero no lo fue. El proyecto de ley que Winfree y sus colegas ayudaron redactar fue patrocinado por varios legisladores demócratas y finalmente murió en comisión. Dijo que fue decepcionante, pero su pelea está lejos de terminar: Winfree ya está tramando su estrategia de presentación previa para la versión del proyecto de ley del próximo año.

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