SAN JUAN, Puerto Rico – Las lonas azules siguen cubriendo los tejados, las casas no tienen la electricidad necesaria para refrigerar los medicamentos, y las clínicas enfrentan grandes deudas por el uso constante de generadores. Pero, a pesar de estos efectos residuales de los devastadores huracanes del año pasado, Puerto Rico está avanzando con drásticos recortes a su red de atención médica que afectará a más de un millón de sus residentes más pobres.
El gobierno de la isla necesita llegar a $840.2 millones en ahorros anuales de Medicaid para 2023, una reducción requerida por el acuerdo que tiene el territorio de los Estados Unidos con el gobierno federal, a medida que la isla comienza a recuperarse de su desastre fiscal.
En general, Puerto Rico enfrenta una deuda aplastante de más de $70 mil millones, en gran parte debido a los astronómicamente costosos gastos de Medicaid que tiene el territorio, en una isla donde el hogar promedio gana $20,000, y la diabetes y la hipertensión están ampliamente extendidas.
Pero los médicos, las aseguradoras de salud y los ex funcionarios del gobierno dicen que los tremendos recortes exigidos desafían a la ciencia actuarial y proporcionan muy poco dinero para atender a una población aún traumatizada por el huracán María.
Los recortes harán que las aseguradoras de salud tengan que transferir a pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades mentales costosas, advierten los críticos. Y no hacen nada para abordar el desequilibrio fiscal subyacente en la raíz de los problemas de salud de Puerto Rico, que derivan del hecho de que el gobierno federal contribuye con una pequeña fracción del presupuesto de Medicaid de la isla, en comparación con lo que aporta a los 50 estados.
Los planes de salud ya se han visto obligados a despedir a trabajadoras sociales y enfermeras como Eileen Calderón, quien visitaba a decenas de puertorriqueños con condiciones crónicas al mes, les encontraba médicos especialistas, supervisaba que tomaran sus medicinas y organizaba las visitas al consultorio.
“Estamos abandonando de repente a estas personas que han estado a nuestro servicio durante los últimos cuatro o cinco años”, dijo el doctor José Joaquín Vargas, asesor médico principal de VarMed, la compañía con sede en Bayamón que operaba el programa que empleaba a Calderón.
Salud herida por las deudas
Si Puerto Rico fuera un estado, el gobierno federal pagaría hasta el 83% de los costos de Medicaid. Pero debido a una ley de 1968 que limita la cantidad de dinero de Medicaid que Washington envía a sus territorios, el gobierno federal solo paga alrededor del 19%, como un pago anual fijo, llamado subvención en bloque.
En febrero, el Congreso aprobó $4.8 mil millones en fondos adicionales para ayudar a pagar las facturas de Medicaid de la isla. Pero los pagos adicionales se ven como una medida provisional: economistas de salud dicen que es probable que se agote el dinero extra en septiembre de 2019, una estimación sombría compartida por la junta de supervisión fiscal del territorio. Esta junta, establecida por el Congreso en 2016, supervisa el presupuesto de Puerto Rico, negocia con sus acreedores, y ayuda a reestructurar al menos parte de la deuda de la isla.
La administración del gobernador Ricardo Rosselló tiene como objetivo reducir los gastos de Medicaid y mejorar el acceso a la atención al poner fin a años de monopolios regionales por parte de aseguradoras privadas. Las aseguradoras han mantenido atrapados a los pacientes en redes estrechas de proveedores de atención médica. Más adelante este año, bajo el plan de Rosselló, las compañías se verán obligadas a ofrecer planes de seguros en toda la isla y competir por los clientes.
“No tenemos el lujo” de seguir gastando de manera ineficiente, dijo Ángela Ávila Marrero, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico.
Si la revisión de Rosselló no consigue los ahorros adecuados, como predicen la mayoría de los observadores, se prevén recortes drásticos. Aproximadamente 1.1 millones de puertorriqueños con Medicaid (de 1,6 millones de personas inscritas) corren el riesgo de perder la cobertura el próximo otoño, y su salud es rehén de la necesidad de la isla de pagar su deuda paralizante.
Los economistas culpan por la deuda de $70 mil millones a una recesión de décadas, al recorte de impuestos corporativos que terminó en 2006 y a un gasto imprudente por parte de un gobierno inflado.
Pero dicen que también tiene la culpa la asombrosa carga de Medicaid en Puerto Rico.
La pobreza es tan generalizada que casi 1 de cada 2 personas califican para un seguro de salud público. Los gastos de Medicaid en 2016 totalizaron $2.4 mil millones. Los residentes sufren de tasas más altas de enfermedades crónicas como la diabetes y el asma, y el porcentaje de personas mayores aumenta rápidamente.
Subir las facturas médicas sin el tipo de asistencia federal dispensada a los estados ha condenado efectivamente la salud fiscal de la isla, dicen economistas de salud.
Investigadores de la atención médica dicen que, dejando de lado el interés en la deuda de Puerto Rico, el déficit fiscal primario del territorio se habría borrado si el Congreso hubiera pagado la misma proporción de las facturas de Medicaid que paga a los 50 estados y a Washington, D.C.
“El problema principal es que aún no somos un estado”, dijo la representante Jenniffer González-Colón, miembro del Congreso, pero sin derecho a voto. La isla debe pagar por Medicaid, agregó, “con fondos locales que no tenemos”.
El sistema de atención médica de Puerto Rico ya estaba convulsionando en septiembre de 2017 cuando azotó el huracán María. El gobierno federal había lanzado advertencias de que la isla pronto se quedaría sin fondos adicionales de Medicaid provistos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), y 900,000 residentes puertorriqueños perderían la cobertura.
Las aseguradoras, los hospitales y los médicos se quejaron de que el gobierno estaba crónicamente retrasado en el pago de sus facturas. Esa frustración obligó a los hospitales a diferir el mantenimiento y las inversiones en nuevas tecnologías y alimentó el éxodo de miles de médicos a la parte continental en busca de mejores ingresos.
Hoy, los pacientes de Medicaid enfrentan largas esperas para ver a médicos en la isla.
“Si su hijo necesita un neurólogo, por ejemplo, el período de espera es de alrededor de seis a 12 meses”, dijo el doctor Jorge Rosado, pediatra en San Juan. “Para una especialidad genética, son dos o tres años”.
Los $4.8 mil millones en fondos de ayuda del Congreso están apuntalando a Medicaid mientras la administración de Rosselló negocia nuevos contratos con las aseguradoras y promulga otras medidas ordenadas por la junta de supervisión fiscal. Estas incluyen un nuevo sistema de detección de fraude al Medicaid y una mejor recopilación de datos.
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