Proveedores de Medicaid, al final de la lista para recibir fondos por COVID
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Proveedores de Medicaid, al final de la lista para recibir fondos por COVID

(Hannah Norman/KHN Illustration; Getty Images)

Casa de Salud, una clínica sin fines de lucro en Albuquerque, Nuevo México, brinda atención primaria, servicios para adicciones y terapias alternativas como acupuntura y reiki, a una gran población de bajos ingresos.

Y, como muchos otros proveedores de servicios de salud que atiende a los más necesitados, sus ingresos, y su futuro, están amenazados por la pandemia de COVID-19.

“Por seis semanas he tratado de encontrar la forma de mantener las puertas abiertas”, dijo la doctora Anjali Taneja, directora ejecutiva de la clínica. “Hemos visto una caída de cerca del 80% en la atención al paciente”.

En marzo, el Congreso autorizó $100 mil millones para proveedores de atención médica, tanto para compensarlos por los costos adicionales asociados con la atención de pacientes con COVID-19 como por los ingresos por atención regular que no están ofreciendo.

Por la pandemia, se han dejado de proporcionar la mayoría de los servicios que no son de emergencia, y muchos pacientes tienen miedo de visitar los centros de salud.

Médicos, internos y personal de Casa de Salud, fuera de la clínica, respetando la distancia social.(Courtesy of Elizabeth Boyce/Casa de Salud)

Pero más de la mitad de ese dinero ha sido asignado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y la mayoría hasta ahora se ha destinado a hospitales, médicos y otras instalaciones que atienden a pacientes de Medicare.

En ese momento, funcionarios dijeron que era una forma eficiente de hacer que el dinero comenzara a llegar a muchos proveedores. Sin embargo, esa lógica dejó fuera a una gran parte de la infraestructura del sistema de salud que ofrece atención a la población de bajos ingresos y a niños a través de Medicaid.

Casa de Salud, por ejemplo, acepta Medicaid, pero no Medicare.

Los directores estatales de Medicaid dicen que, sin financiamiento inmediato, muchas de las instalaciones de salud que atienden a pacientes de Medicaid podrían tener que cerrar de manera permanente.

Hace más de un mes, el liderazgo, bipartidista, de Medicaid le escribió al gobierno federal pidiéndole autorización inmediata para recibir pagos “por adelantado”, no relacionados con la atención específica de pacientes, para mantener a sus proveedores de salud en sus trabajos.

“Si esperamos, los componentes centrales del sistema de atención de Medicaid podrían fallar durante, o poco después, de esta pandemia”, escribió la Asociación Nacional de Directores de Medicaid.

Hasta ahora, la administración Trump no ha respondido, aunque a principios de abril dijo que estaba “trabajando rápidamente en distribuciones específicas adicionales” para otros proveedores, incluidos aquellos que atienden predominantemente a pacientes de Medicaid.

En un correo electrónico, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) dijeron que sus oficiales “continuarán trabajando con los estados mientras buscan garantizar el acceso continuo a la atención de los beneficiarios de Medicaid durante y más allá de la emergencia de salud pública”.

CMS señaló que los estados tienen varias formas de aumentar los pagos para los proveedores de Medicaid, pero no respondieron directamente a la pregunta sobre los pagos “por adelantado” que se están solicitando. Tampoco dijeron cuándo comenzarían a fluir los fondos a los proveedores de Medicaid que tampoco reciben fondos de Medicare.

La demora es frustrante para los defensores de Medicaid.

“Esto debe abordarse con urgencia”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. “Estamos preocupados por la infraestructura y la rapidez con la que el programa podría evaporarse”.

En la explicación de la administración sobre cómo se están distribuyendo los fondos de ayuda, los proveedores de Medicaid están incluidos en una categoría general en la parte inferior de la lista, bajo el título “asignaciones adicionales”.

“No ver nada sustancial proveniente del nivel federal es insultante”, dijo Todd Goodwin, quien John F. Murphy Homes en Auburn, Maine, que brinda servicios residenciales y diurnos a cientos de niños y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Goodwin dijo que su organización, que ya ha despedido a casi 300 trabajadores y gastado más de $200,000 en costos relacionados con COVID, incluidas la compra de suministros esenciales como máscaras y equipos de protección, que no serán reembolsables, no resultó elegible para ninguno de los diversos programas de ayuda aprobados por el Congreso.

La entidad obtiene la mayor parte de su financiación de Medicaid y los sistemas de escuelas públicas. Y ha aprovechado una línea de crédito para mantenerse a flote. “Pero si no estamos aquí brindando estos servicios, no hay un Plan B”, dijo.

Incluso los proveedores que atienden en gran medida a pacientes con seguro privado enfrentan dificultades financieras. La doctora Sandy Chung, CEO de Trusted Doctors, que tiene cerca de 50 médicos en 13 consultorios en el norte de Virginia, dijo que aproximadamente el 15% de su financiación proviene de Medicaid, pero la baja en pacientes tanto privados como de Medicaid los ha dejado al borde del abismo.

“Hemos tenido que suspender al personal, acortar horas y es posible que tengamos que cerrar algunos lugares”, dijo.

A Chung le preocupan especialmente los niños porque Medicaid cubre casi al 40% a lo largo del condado. Chung, quien también dirige el capítulo de Virginia de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que las tasas de vacunación son de 30% para los bebés y 75% para los adolescentes, lo que los pone a los pequeños, y a otros, en riesgo de enfermedades prevenibles.

El mayor problema, agregó, es que, con la economía en caída libre, más personas calificarán para la cobertura de Medicaid en las próximas semanas y meses.

“Pero si no tienes proveedores cerca, entonces tendrás un grave problema”, dijo.

De vuelta en Albuquerque, Taneja está trabajando para encontrar cualquier fuente de financiación para mantener abierta la clínica. Obtuvo un préstamo federal para ayudar a cubrir su nómina durante un par de meses, pero le preocupa lo que suceda después.

“Me mataría si hubiéramos sobrevivido 15 años en este sistema de atención médica, para no lograrlo durante COVID”, dijo.

El corresponsal principal de KHN, Phil Galewitz, colaboró con esta historia.

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