Con medidas migratorias de Trump, adultos mayores pueden perder a sus cuidadores

Nirva (izq.), immigrante de Haiti que vive en los Estados Unidos con TPS, ha estado ayudando a Isolina Dicenso, de 96 años, desde 2011. (Melissa Bailey/KHN)

Las dos mujeres han estado juntas desde 2011, una tiene 96 años y es oriunda de Italia, la otra, de 46, es una inmigrante haitiana que la ayuda en su casa con el baño, a cambiarse la ropa, y la lleva a pasear a sus parques favoritos.

“Hola, bella”, Nirva saluda a Isolina Dicenso, usando la palabra italiana para “hermosa”.

“Hola, cariño”, responde Dicenso.

Pero los cambios en la política migratoria pueden poner a ambas en riesgo. Los cuidadores haitianos como Nirva, que obtuvieron un permiso temporal para permanecer en los Estados Unidos después que el terremoto de 2010 destruyera gran parte de su tierra natal, ahora enfrentan la fecha límite del 22 de julio de 2019 para regresar a la isla.

Si ellos, y decenas de miles de otros inmigrantes con trabajos similares y un estatus legal débil, deben irse del país, los estadounidenses que viven con discapacidades, enfermedades graves o, como Dicenso, enfrentando las fragilidades de la vejez podrían encontrar pocas opciones de cuidado por fuera de los hogares para adultos mayores.

Y muchas de esas instalaciones también podrían estar en crisis por falta de personal, en un momento en el que la generación de los baby boomers (los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial) podría necesitar más atención.

La situación refleja los vaivenes que a menudo alteran los debates sobre inmigración, con una pregunta central: cuántos estadounidenses están dispuestos a ocupar los puestos arduos y de bajo salario que toman los inmigrantes. Y cómo estas políticas pueden afectar a miles de adultos mayores, especialmente los que viven en las grandes ciudades.

Unos 59,000 haitianos viven en los Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario por el cual pueden vivir y trabajar legalmente en este país, desde el terremoto de 2010. Muchos son asistentes de enfermería, de salud en el hogar y de atención personal: la tríada de trabajos que generalmente define a los trabajadores de atención directa.

La administración Trump decidió en noviembre pasado recortar esa protección, argumentando que la isla ya no enfrenta las mismas condiciones adversas, e informó que les daría a los inmigrantes hasta mediados de 2019 para irse de los Estados Unidos o enfrentar la deportación. En Boston, la ciudad con la tercera población haitiana más alta de la nación, la acción ha provocado pánico entre los que tienen TPS, y las súplicas de agencias de atención médica que dependen de estos trabajadores.

La decisión “tendrá un impacto devastador en la capacidad de los centros de enfermería especializada de brindar atención de calidad a los residentes débiles y discapacitados”, advirtió Tara Gregorio, presidenta de la Massachusetts Senior Care Association, en una carta publicada el año pasado en The Boston Globe. Las instalaciones de enfermería en el estado, que ya están lidiando con una escasez de varios miles de trabajadores, emplean a unos 4.300 haitianos, según Gregorio.

A nivel nacional, uno de cada 4 trabajadores de atención directa es inmigrante, dijo Robert Espinoza, vicepresidente de políticas del Paraprofessional Healthcare Institute con sede en Nueva York.

No está claro cuántos de esos trabajadores dependen del TPS, pero el instituto calcula que hay 34.600 que no son ciudadanos estadounidenses, de Haití, Nicaragua (para los cuales el TPS terminará en enero), El Salvador (en septiembre de 2019) y Honduras (en julio, a menos que la administración Trump decida renovar el estatus de protección para las personas de este país). Legalmente, las decisiones sobre el TPS no pueden tener en cuenta consideraciones económicas, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Además, otros 11,000 trabajadores provienen de países afectados por la prohibición de viajar de Trump, principalmente de Somalia e Irán, y alrededor de 69,800 son de México, según el instituto.

Nirva (izq.) ayuda a Isolina Dicenso a subir al auto para un paseo. (Melissa Bailey/KHN))

Incluso los inmigrantes con un estatus legal seguro pueden verse afectados cuando los familiares son deportados, destacó Espinoza: bajo Trump, las detenciones de inmigrantes no criminales se han duplicado. La “totalidad del clima antiinmigrante” amenaza la estabilidad de la fuerza de trabajo y “la capacidad de las personas mayores y con discapacidades para acceder a la atención médica domiciliaria”, agregó.

La Federation for American Immigration Reform, que respalda políticas de inmigración más restrictivas, dice que el escenario no es tan calamitoso. David Ray, vocero de la entidad, argumenta que, dado que tres cuartas partes de los trabajadores de atención directa son ciudadanos estadounidenses, entonces “claramente no se trata de ‘trabajos que los estadounidenses no hagan'”. Ray lo calcula de esta manera: el país tiene 6.7 millones de desempleados, y si la industria del cuidado de salud no puede encontrar suficientes trabajadores para reemplazar a aquellos que pierden el TPS, “entonces debe analizar detenidamente sus prácticas de reclutamiento y paquetes de beneficios”.

Sin embargo, Gregorio asegura que los hogares de adultos mayores en Massachusetts ya están perdiendo trabajadores inmigrantes que han abandonado el país por miedo, debido a las propuestas de inmigración y las declaraciones públicas de la Casa Blanca. A nivel nacional, miles de haitianos han huido a Canadá.

“Lo que la gente parece no entender es que las personas de otros países realmente son la columna vertebral del cuidado a largo plazo”, dijo la hermana Jacquelyn McCarthy, directora ejecutiva del Centro de Atención de Salud Bethany en Framingham, Massachusetts, que administra un hogar con 170 pacientes. Ella tiene ocho trabajadores haitianos y salvadoreños con TPS, en su mayoría asistentes de enfermería certificados, que siempre están a tiempo para sus turnos que comienzan a las 4:30 am y nunca se reportan enfermos, dijo. Ella ya tiene seis vacantes de CNA y no puede permitirse perder más, agregó.

“No hay personas para reemplazarlos si todos deben ser deportados”, dijo McCarthy.

Nirva, quien pidió que se la identificara solo por su nombre de pila, trabaja 70 horas a la semana atendiendo a pacientes ancianos, enfermos y discapacitados. Comenzó a trabajar como cuidadora poco después de llegar a Boston con sus dos hijos, en marzo de 2010.

“Aquí siento que la vida de las personas es muy importante”, dijo. Pero al principio, el cuidado de pacientes de edad avanzada fue difícil. “Fue muy duro para mí”, reconoció Nirva, especialmente “cuando tengo que limpiar la incontinencia”… Algunos sufren de demencia y te insultan. Tienes que ser muy compasivo para hacer este trabajo.

Angelina Di Pietro, la hija de Dicenso, está preocupada por quién podría ayudar a su madre si Nirva debe irse. “No hay mucha gente en este país que se ocupe de los ancianos”, dijo. “Cuidar a los adultos mayores es un trabajo difícil”.

“Nirva, ruega a Dios que te dejen quedarte”, dijo Dicenso, sentada en el sillón de su sala de estar después de una larga caminata y de almorzar ravioles. “¿Qué haría yo sin ti?”.

La cobertura de KHN de estos temas es apoyada por la Gordon and Betty Moore Foundation, por la John A. Hartford Foundation y por The SCAN Foundation.

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